LA DUREZA DE LA LEY, EN TELA DE JUICIO
La ejecución casi inmediata de la ya de por sí dura sentencia del caso Filesa plantea inquietantes interrogantes sobre la aplicación de la ley. Ninguna asociación jurídica ha dudado de la legalidad de la medida --tampoco lo vamos a hacer desde estas páginas-- pero lo que sí llama la atención es la estricta dureza con que se ha aplicado.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo que ha decidido el ingreso en prisión de la mayoría de los condenados sin esperar, siquiera, a que el Tribunal Constitucional decidiera admitir a trámite los recursos planteados por sus defensas admite la duda sobre la que ha tenido que optar.
La inexistencia de jurisprudencia al respecto y la casuística en sentido contrario hacía albergar esa duda razonable en todo juez que, en caso de darse, nunca debería inclinarse hacia el lado más duro de la aplicación de la ley. Si no está suficientemente sentado jurídicamente que los condenados deban ingresar inmediatamente en la cárcel habiendo recurrido ante el Constitucional no parece lo más justo que se inaugure con este caso la inclinación hacia la medida más gravosa para el sentenciado.
Llama asimismo la atención el papel del Partido Popular y el Gobierno en el desarrollo de este juicio. A pesar de sus llamadas a la despolitización de la justicia, el PP se ha personado como acusación en la vista y ha sido el fiscal general del Estado, a través del fiscal que ha actuado en el caso, quien ha exigido la mayor dureza procesal para los condenados que, finalmente, ha sido aplicada. La coincidencia entre ambos intereses, el del PP, como partido, y el de la fiscalía, institución dependiente del Gobierno, han actuado de tal modo que la Sala Segunda no se ha podido ver libre de presiones, máxime después de la campaña lanzada contra su presidente, José Augusto de Vega, como supuesto amigo de los socialistas. No hay mejor manera de asegurarse un aliado que acusarle reiteradamente de favorecer al enemigo. En este caso, la jugada parece haberle salido bien al PP.
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