Prisión inmediata

Un político en activo tiene que ingresar en la cárcel al aplicarse la

sentencia del Tribunal Supremo por un delito de financiación irregular de un

partido. Hasta aquí poco habría que comentar. Las sentencias hay que

cumplirlas. También las que afectan a políticos. Pero aquí van varias

reflexiones. El Supremo no ha esperado a que el Tribunal Constitucional

admitiera a trámite los recursos de amparo presentados por los sentenciados.

Tanta prisa corría? Se da la curiosa circunstancia de que un político, en

este caso Josep Maria Sala, se acoge a su condición de aforado como senador

y al dictarse la sentencia por el Supremo no dispone de una instancia de

recurso como cualquier otro ciudadano. Más complicado todavía: el resto de

condenados, sin ser aforados, han sido arrastrados por la causa hasta el

Supremo sin tener tampoco capacidad para recurrir en instancia ordinaria. A

todos los condenados se les ha aplicado la figura delictiva de la asociación

ilícita que, según asegura Sala, no ha podido ser probada documentalmente.

Estos tecnicismos jurídicos --siempre muy importantes en la aplicación de

las leyes-- no pueden obviar la cuestión de fondo que es la financiación

irregular de los partidos que ha sido práctica común en la mayoría de ellos

desde la transición. La hipocresía es tan antigua como la política. Pero no

está tipificada como delito.

LLUÍS FOIX