El ex senador socialista sostiene que su condena a tres años se basó en "hechos distorsionados y objetivamente inciertos"
Sala se querella contra los jueces que lo condenaron por el caso Filesa
El ex senador acusa de "dogmatismo autoritario" a dos magistrados del Supremo
FERNANDO GARCÍA
Madrid. - El ex senador del PSC Josep Maria Sala presentó ayer ante el Tribunal Supremo una querella criminal contra los magistrados de este mismo órgano que lo condenaron a tres años de prisión por el caso Filesa. El ex dirigente socialista fundamenta su acción en las "contradicciones" y el "mal hacer delictual" en que habrían incurrido los magistrados Luis Román Puerta y José Augusto de Vega al basar la condena en "hechos distorsionados y objetivamente inciertos". Sala, que sólo hubo de cumplir unas semanas de cárcel gracias a la suspensión de pena decretada por el Tribunal Constitucional, achaca a sus jueces "un dogmatismo autoritario absolutamente reñido con la justicia".
Tal como recuerda la querella, los magistrados ahora querellados -junto con el ya fallecido Ramón Montero- condenaron a Sala a dos años de prisión y seis de inhabilitación por un delito de asociación ilícita y a otro año de cárcel por una falsedad en documento mercantil. En la sentencia, el tribunal desgranaba la motivación de ambas imputaciones tras reconocer que "Sala se limitó, como ha quedado acreditado, a la compra del 50% de las acciones y a la firma del acta de la junta general de accionistas en la que únicamente se nombró presidente de Time Export" (empresa que fue germen del entramado de financiación irregular del PSOE hilado en torno al grupo Filesa). La querella replica: "Pues bien, ni José María Sala firmó la citada acta de Time Export ni se nombró en ella presidente de dicha mercantil a Carlos Navarro". El querellante añade que, puesto que el acta en cuestión figuraba en las actuaciones del caso y por tanto siempre estuvo a disposición del tribunal, si los magistrados fundamentaron en ella la condena, "es obvio que dieron como cierto lo que no lo era, faltando a la verdad" y dando "una pirueta en el vacío".
La defensa de Sala destaca asimismo el apartado de la sentencia que, en relación con la acusación de asociación ilícita, afirmaba que "los autores del delito son Sala, Navarro y Flores" y añadía que en tal sentido resultaban "concluyentes las declaraciones del testigo principal", el ex empleado de Filesa Carlos Van Schowen.
La querella recuerda a continuación lo que dicho testigo dijo en el juicio sobre Sala, que hasta el momento de la propia vista no lo conocía ni jamás había hablado con él.
Otra aparente contradicción en la que Sala incide ahora -cuando ha pasado año y medio desde que se dictó la sentencia- es la que se refiere a su condena como coautor de la falsedad documental. Y es que, tras afirmar que por dicho delito cabía atribuir responsabilidad "no sólo a su autor, sino también, y como coautor, a quien de manera directa haya contribuido a que la falsedad se cometa", la sentencia reconocía que "en la fecha de esa factura Josep Maria Sala era accionista pero sin control sobre Time Export". Y añadía: "Así las cosas, habrá que pormenorizar la persona o personas que de manera directa pudieron influir en la confección de la factura (...). Todos coinciden en que quien controlaba realmente la empresa era Carlos Navarro. Es así posible inferir cuál fue el autor espiritual de la misma".
La defensa de Sala afirma en su querella que "para una sociedad democráticamente estructurada, una resolución judicial fruto del error o ayuna de un proceso lógico-discursivo-material en la que se soporte, es un grosero atentado a la seguridad jurídica y a lo que se ha venido en denominar 'certeza del derecho'".
Cabe destacar que el querellado Luis Román Puerta acaba de presentarse como candidato a presidir la Sala de lo Penal del Supremo en sustitución de José Jiménez Villarejo, que se jubila el próximo día 11 tras tomar el relevo del también querellado José Augusto de Vega.
Una sentencia con tres frentes abiertos
La sentencia que llevó a la carcel a Josep Maria Sala por la
financiación
irregular del PSOE dio lugar en su día a fuertes críticas
a este partido, pero el debate sobre el contenido de la
resolución
apenas existió. Pero hoy es el día en que sobre el fallo
judicial
hay tres frentes abiertos: el de la querella que ayer presentó
Sala,
el de los recursos ante el Tribunal Constitucional y el menos conocido
pero
sí trascendente de la controversia en el seno de la Sala Segunda
del Tribunal Supremo sobre la doctrina que establecer respecto a la
falsedad
documental ideológica cometida por particulares, delito
principal
del caso Filesa. De las posibilidades de la querella se sabrá
pronto.
El Constitucional no puede tardar ya en decidir si los motivos por los
que
admitió a trámite los recursos de amparo bastan para
anular
el fallo. En cuanto al debate jurisprudencial sobre la falsedad citada,
algunas fuentes sostienen que un triunfo de la interpretación
más
generosa de su reciente despenalización podría suponer
una
revocación de este fallo.
Copyright La Vanguardia 1999