CASOS DE FINANCIACION IRREGULAR DE OTROS PARTIDOS POLITICOS: UNA CLARA DESIGUALDAD DE TRATAMIENTO JURIDICO-PENAL Y POLITICO
Los trapitos de la financiación
La sentencia de Filesa no eclipsa que PP, PNV
y Convergència obtuvieron ingresos irregulares
BLAI FELIP
Barcelona
La sentencia del caso Filesa ha dejado sin aliento al PSOE. Este ha sido el
fallo más contundente de la justicia por la financiación irregular de los
partidos. Pero este caso, que ha afectado de lleno al PSOE, no eclipsa otros
escándalos similares. En el Partido Popular, por ejemplo, las sospechas de
financiación irregular tuvieron en los casos Naseiro y Sóller dos claros
ejemplos de cómo escapar a la condena gracias a una "argucia" legal.
La financiación irregular de los partidos afecta, sobre todo, a los que
están en el poder. Por eso, también CiU --caso Casinos-- y PNV --caso de las
tragaperras-- se han visto envueltos por el manto de la sospecha. Estos son,
en resumen, los casos conocidos más graves, equiparables en muchos aspectos
al de Filesa, excepto en la dureza de la sentencia.
Destapado en abril de 1990. Se produce a partir de una investigación
judicial relacionada con el tráfico de drogas, pero las escuchas de la
policía descubren indicios de operaciones ilegales destinadas a forzar a
empresas inmobiliarias a pagar al PP para poder construir. En el caso
estuvieron implicados, entre otros, Rosendo Naseiro, ex tesorero del PP y
hombre de confianza de Manuel Fraga; el diputado popular Angel Sanchís, y el
concejal del Ayuntamiento de Valencia Salvador Palop. De los diálogos,
algunos de ellos crípticos, se deduce que Sanchís y Palop pudieron desviar
hacia sus bolsillos fondos presuntamente destinados al partido. Nunca se ha
conocido la cantidad exacta de dinero que el PP obtuvo por esta vía, pero a
juzgar por las cintas se trataría de centenares de millones.
El fiscal del Supremo encargado del caso pidió tres meses de cárcel y nueve
años de inhabilitación para Sanchís y Palop y tres meses de cárcel y cuatro
de inhabilitación para Naseiro por el delito de conspiración para el
cohecho. Estas peticiones quedan muy lejos de la condena de 11 años para
Carlos Navarro, los 10 años de prisión para Alberto Flores y Lluís Oliveró,
o de los tres años para Josep Maria Sala, acusados de formar parte de una
asociación ilícita por el caso Filesa.
En junio de 1992 el caso se archivó cuando el Supremo rechazó la prueba
inculpatoria principal del caso Naseiro, las cintas telefónicas, por
entender que no funcionaban como prueba porque se habían pedido para
investigar un delito de narcotráfico y no uno de cohecho.
CASO DE LA CONSTRUCCION
El 7 de mayo de 1992 la Audiencia Provincial de Burgos hizo pública la
condena a 12 años de inhabilitación y siete de suspensión de cargo público
al entonces alcalde de Burgos, José María Peña (PP), por los delitos de
prevaricación continuada, revelación de secretos y denegación de auxilio a
la autoridad. Junto a Peña fueron condenados tres ediles del PP y el
constructor Antonio Miguel Méndez Pozo, éste a siete años y tres meses de
prisión por falsedad de documentos públicos y privados, estafa y desacato.
Méndez Pozo era amigo de Peña y asesoró en cuestiones urbanísticas a José
María Aznar cuando éste era presidente de Castilla y León.
La sentencia ratificó que los acusados habían beneficiado a Méndez Pozo,
otorgándole la mayor parte de las licencias de construcción. Aunque en el
juicio no se estableció ninguna relación directa entre Méndez Pozo y la
financiación del PP, empresarios del sector y revelaciones periodísticas
apuntaron que el constructor pagaba, a cambio del trato de favor, un "peaje"
que entraba en las arcas del PP en Castilla y León.
CASO DE LA MINERIA
En julio de 1995 el Tribunal Supremo condenó a ocho años de inhabilitación
por prevaricación continuada a Miguel Angel Pérez Villar, ex senador y
consejero de Economía cuando José María Aznar presidía Castilla y León. La
sentencia consideró probado que el ex consejero, con la complicidad de
Javier Valenzuela, director general de la consejería, subvencionó
ilegalmente a compañías mineras, algunas de las cuales estaban asesoradas
por un gabinete dirigido por la esposa de Pérez Villar.
Juan Hormaechea, ex alcalde de Santander y ex presidente de Cantabria, vio
frenada su caciquil manera de entender la política cuando el Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria le condenó en octubre de 1994 a seis años
de prisión mayor y 14 de inhabilitación por prevaricar y malversar caudales
públicos. Junto a Hormaechea, que gobernó la comunidad con el apoyo firme
del PP, fueron condenados el ex presidente de esta formación en Cantabria
Roberto Bedoya y otros dos consejeros, el de Sanidad y Obras Públicas y el
de Economía. El fallo afirma que el Gobierno no cumplía "los más elementales
trámites exigidos por la ley". La oposición siempre reclamó a Hormaechea
dónde fueron a parar los millones de más que costaron algunos de sus
proyectos, como el parque zoológico de Cabárceno --que pasó de los mil
millones previstos a 6.000-- o el tramo Tojo-Bárcena, que de los 39 millones
iniciales alcanzó los 1.700.
Según la denuncia presentada por el presidente de la Diputación de Zamora,
Antolín Martín, suspendido de militancia del PP, los dirigentes populares
que gobernaron este organismo de 1987 a 1991 cobraban el "impuesto" de dos
millones de pesetas y el 8 % de comisión de cada obra pública para financiar
el partido. En aquel tiempo, el presidente de la Diputación era Luis Cid
Fontán, citado por Eduardo Corrales, empresario y ex militante del PP, como
uno de los encargados de las operaciones. Antolín Marín acusa, entre otros,
a José Manuel Peñalosa, ex vicepresidente de la Diputación de Zamora y
portavoz del PP en la comisión de control de RTVE, como el encargado de
cobrar las comisiones. José María Caballero, fiscal jefe que investiga el
caso en la Audiencia Provincial, podría hacer pública esta semana
actuaciones judiciales contra algunos de los implicados. La oposición cifra
en unos 1.500 millones de pesetas el daño hecho a las arcas públicas.
CASO SOLLER
El ex presidente de Baleares y del PP Balear Gabriel Cañellas, el ex
consejero de Obras Públicas Jerónimo Saiz, el ex gerente del PP José Antonio
Beristain y el empresario Antoni Cuart, propietario de la empresa que
recibió la concesión de la obra del túnel de Sóller, fueron absueltos en
julio pasado del delito de cohecho, cometido en 1988, porque el Tribunal
Superior de Justicia de Baleares consideró que ya había prescrito. Cuart,
Cañellas y su esposa, Amparo Rotger, eran propietarios de la empresa
Salinera Española cuando se concedió la licencia de construcción del túnel a
una firma de Cuart llamada Compañía Concesionaria del Túnel de Sóller. En
esta misma sentencia, se admite que Cuart entregó a Cañellas 50 millones de
pesetas, pero consideró que la concesión de la obra había sido "justa y no
delictiva". La instrucción puso al descubierto pagos irregulares, varios de
ellos destinados al PP, y una factura falsa de 140 millones en la
contabilidad de la constructora de Cuart. También permitió conocer que la
Fundación Illes Balears, creada y controlada por Cañellas, había ingresado
más de mil millones en seis años.
LAS TRAGAPERRAS DEL PNV
Esta trama fue descubierta en 1990 por miembros del sindicato ESAN de la
Ertzaintza que habían trabajado en el departamento del Juego del Gobierno
vasco. El presunto fraude consistía en conceder licencias de máquinas
tragaperras sin seguir los cauces legales. El número de licencias pudo ser
de 6.000, vendidas a medio millón cada una. De ser cierto, el PNV ingresó
3.600 millones. El principal implicado en este escándalo fue José Joaquín
Ortuondo, que dirigía el departamento del Juego. La juez instructora del
caso lo cerró en junio de 1993 al no hallar "indicios racionales" de que se
hubiera cometido un delito.
El escándalo estalló en diciembre de 1989, cuando Jaume Sentís, ex director
financiero de Casinos-Inverama, denunció que el presidente de la sociedad
Artur Suqué desvió unos 3.000 millones de pesetas, mil de los cuales habrían
ido a parar a manos de altos cargos de Convergència, presidida por Jordi
Pujol. El pasado mes de julio el juez Ramon Gomis archivó la causa. A pesar
de que en su sentencia afirmaba que "se deduce razonablemente" que CDC se
había financiado con dinero de Casinos-Inverama, citaba un fallo del
Tribunal Supremo que declaraba que "en el derecho penal vigente no existe el
delito de financiación ilegal o encubierta de partidos políticos". Gomis ha
pedido una copia de la reciente sentencia sobre Filesa, emitida por el
Supremo. En medios judiciales se especula con la posibilidad de que reabra
la causa.
Copyright La Vanguardia 1997