María Teresa Fernández de la Vega -- Diputada del PSOE

 

 

"El proceso de Filesa está cuajado de cosas raras"

 

MARIA ANTONIA IGLESIAS,

Madrid

Es juez, de profesión y de vocación, desde 1980. A sus 48 años, no le

importa confesar que comenzó "desde

abajo", como secretaria judicial en los años setenta. Fue también

vocal del Consejo General del Poder Judicial, y secretaria de Estado

de Justicia ("viceministra", se la llamaba) con Juan Alberto Belloch

en el último Gobierno de los socialistas. Diputada del PSOE por Jaén,

se define militante de la justicia como servicio público. Sus duras

críticas al PP le llevan a la convicción de que el actual Gobierno no

tiene demasiada fe en el sistema democrático. Cree que la sentencia de

Filesa ha sido excesiva y afirma, sin rodeos, que el fiscal general

del Estado ha pedido la prisión de los condenados por indicación

directa del presidente del Gobierno. Cree que la sentencia de Filesa

ha sido excesiva y afirma sin rodeos que el fiscal ha pedido la

prisión de los condenados por indicación directa del presidente.

 

Pregunta. El juicio de Filesa, precedido de otros sucesos judiciales

de notable repercusión pública, ha vuelto a actualizar el debate sobre

la judicialización de la política y la politización de la justicia.

Usted cree que estamos ante un problema que no tiene solución?

 

Respuesta. Creo que es necesario, y esclarecedor, que cualquier

acontecimiento concreto de la vida judicial lo enmarquemos en el

contexto de lo que realmente está pasando en este país con el

funcionamiento de la justicia. Y también con algo que me parece muy

grave como es la judicialización no ya de la política sino de la vida

social en general, en todos sus ámbitos. Yo creo que éste es un

fenómeno grave y preocupante, que se ha dado también en otros países,

pero que en el nuestro se ha visto notablemente exacerbado por la

llegada de la derecha, del PP, al Gobierno de la nación, por la

implantación de una determinada concepción de las cosas.... El poder

judicial tiene que ocupar el lugar que la Constitución le otorga, que

es un lugar y un papel determinado, pero no otro. Si se contribuye a

que el poder judicial no ocupe ese lugar, sino que exceda de ese lugar

y ese papel, porque existe una tendencia a llevar al ámbito del poder

judicial todos los conflictos que surgen en la vida cotidiana, lo que

estamos haciendo es establecer un desequilibrio entre los poderes del

Estado que, realmente, es muy peligroso para el funcionamiento del

sistema democrático. Y si esto provoca que los problemas que haya

entre la clase política no se solventen en el ámbito en el que se

deben solventar, que es el Parlamento, o la sociedad, y se remiten al

escenario judicial, pues se está contribuyendo, de forma decisiva,

desde mi punto de vista, a que el modelo de nuestro sistema

democrático se rompa...

 

Usted cree que el Gobierno del PP está propiciando esa ruptura?

 

Yo creo que es innegable que se ha producido un desplazamiento claro,

una reducción de los conflictos de la sociedad hacia ámbitos, como es

el poder judicial, que no están ni preparados ni pensados para

resolver conflictos que hay que resolver en otros ámbitos. Esto

sucede, sencillamente, porque el PP y el Gobierno de Aznar han pensado

que le es muy rentable, en términos electorales, tratar de llevar a su

adversario político al ámbito judicial, lo que produce una auténtica

perversión del sistema democrático, un deterioro innegable del poder

judicial, una mayor desconfianza, si cabe, hacia la administración de

justicia por parte de los ciudadanos.

 

Pero usted sostiene una tesis difícil de entender... Es que el actual

poder ejecutivo está haciendo deliberada dejación de su ámbito de

competencias, de su propia soberanía? Con qué objeto?

 

Está clarísimo: el Partido Popular, y su Gobierno, desconfía de la

clase política, de su capacidad, de su representatividad... Y cuando

no se tiene confianza en los instrumentos de la acción política y no

se cumple el mandato dado por la soberanía popular para tratar de

resolver los conflictos en el ámbito de la actividad parlamentaria,

por ejemplo, la opción que se toma, que toma este Gobierno, es la de

enviar todos los conflictos al ámbito de los jueces... Por otra parte,

también es evidente que el Gobierno considera que le es más rentable

llevar los conflictos políticos a unas mecánicas que son distintas a

las mecánicas ordinarias. Eso lo estamos viendo en los últimos tiempos

de forma evidente y en una estrategia bien fácil de comprender: los

tiempos del poder judicial no son los tiempos del poder político.

Ahora, por ejemplo, con el juicio de Filesa, estamos hablando,

recuperando asuntos que son de hace diez o doce años, que corresponden

a una determinada etapa de la sociedad española, en la que todos, no

es que queramos pasar página para olvidarla, porque hay que aprender

de ella para corregir errores. Pero, claro, cuando esos conflictos se

llevan al ámbito del poder judicial porque se piensa que llevándolos a

ese ámbito resultan muy rentables porque duran mucho en el tiempo y

políticamente perjudican al adversario...

 

Sin embargo ha sido el PP quien ha planteado establecer garantías para

que los jueces que han optado por la actuación política no puedan

volver a la vida judicial sino con muchas cautelas, no?

 

La derecha parte de un concepto tan equivocado como peligroso: esto

es, que la política contamina al que la ejerce, al que la elige... Y

eso es algo que manifiesta una desconfianza sintomática respecto a la

verdadera naturaleza de la política en un sistema democrático.

Desgraciadamente ese planteamiento, lleno de confusión y

contradicciones, es un planteamiento que yo calificaría de amarillo y

que, gracias al PP, ha calado mucho en la sociedad que, incluso

inconscientemente, llega a reaccionar muy regresivamente, muy

agresivamente, contra la política y los políticos. Y yo no puedo

aceptar que la actividad política, que es la honorable vocación de

mucha gente que nos dedicamos a defender y representar los intereses

de los ciudadanos que nos votan democráticamente, sea una actividad

que contamina... Deslegitimar a un juez, convertirle en sospechoso

precisamente porque ha optado por la actividad política en alguna

etapa de su vida me parece absurdo y muy peligroso.

 

Jueces comprometidos

 

Pero usted es juez. No está haciendo una apuesta corporativa por el

angelismo de los jueces que no necesitan ningún tipo de control?

 

No es eso, no es eso... Primero yo insisto en que a mí esa necesidad

que siente el PP de descontaminar de la política a un juez que regresa

a su actividad profesional me parece innecesaria y peligrosa: yo

quiero jueces muy contaminados de la política, de la realidad social,

no metidos en una urna para ser reverenciados desde la santa cosa

juzgada, inapelable, distante... Pero es que además para garantizar la

imparcialidad de un juez, que ha ejercido la política, hay otros

muchos mecanismos de control que no son los radicales y tremendistas

que ha impuesto el PP. Unos mecanismos que el Consejo General del

Poder Judicial podía haber establecido destinando a los jueces que

regresan de la política a responsabilidades apartadas de los ámbitos

de interés que haya ejercido como político. Pero es que, además, el

Gobierno tampoco cree ni apuesta por el poder judicial, por su pureza

e independencia, más que cuando le interesa. Y no duda en atacarlo, y

ferozmente, cuando piensa que perjudica a sus posicionamientos

estratégicos. Por ejemplo, el presidente de la Sala 2a. del Tribunal

Supremo, José Augusto de Vega, es un mal juez y un vendido cuando se

toma la decisión de no citar como testigo a Felipe González en el

sumario del GAL y es aplaudido y alabado cuando se produce la

sentencia de Filesa.

 

Volviendo al juicio de Filesa. Su denuncia de la judicialización de la

política, en relación a este caso, precisamente, no está apostando

por la impunidad de los delitos cometidos por los condenados?

 

En absoluto. Nosotros no defendemos, ni pretendemos la impunidad de

los delitos, ni por supuesto que haya privilegios de ninguna clase. Lo

que pasa es que el poder judicial tiene unas reglas de funcionamiento

distintas a las del poder político. Y cuando se pervierte el sistema

es cuando se llevan al debate judicial instrumentos que son propios

del debate político. Y creo que ahí se ha producido algo muy grave,

como es el ejercicio de la acción popular por parte del PP, que no ha

dudado en utilizar un instrumento constitucional como elemento de

agresión contra el adversario político de forma abusiva y reiterada.

Yo plantearía claramente una cuestión clave, es que es función de los

partidos políticos el ejercicio de la acción popular? Yo creo que no.

 

Usted cree que el PP ha contribuido a incrementar la presión social

respecto a un juicio tan público y notorio como ha sido el de Filesa?

 

El poder judicial tiene sus mecanismos y la acción de la justicia es

implacable y sigue sus propios procedimientos, con lo que los

resultados finales no deben estar condicionados porque haya una acción

popular de una manera o de otra. Lo que pasa es que se ha producido un

debate público que es el que pervierte el sistema. Porque ante la

opinión pública lo que ha aparecido es que hay unos buenos que

persiguen a unos delincuentes que son sus adversarios políticos en el

foro.

 

Usted cree que esa presión social ha podido influir, en alguna

medida, en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo?

 

Yo no puedo admitir eso, no puedo admitir el que los jueces... La

presión ha existido, vamos a ver... La presión ha existido porque se

ha hecho un juicio paralelo en la sociedad y se ha ensalzado un auto

que gustaba y luego se la criticado otro auto que no gustaba. Yo creo

y pienso que las presiones son resistibles, que las presiones, que las

ha habido, y muy claras, no facilitan la labor del juez y tampoco han

ayudado a la credibilidad de su actuación. Pero no hasta el punto de

influir en el resultado final.

 

Como juez, le parece a usted una sentencia justa?

 

Respecto a la sentencia que ha dictado el Tribunal Supremo destacaría

dos aspectos que, cuando menos, sorprenden... Uno, lo excesivo porque

creo que son unas penas absolutamente desproporcionadas y cuya

aplicación no puedo compartir. Y luego hay también cosas también muy

sorprendentes como son algunas calificaciones jurídicas que a mí, al

menos, me sorprenden enormemente.

 

Por qué?

 

Porque en la asociación ilícita parece que se ha aplicado un tipo

autónomo de asociación para delinquir a una actuación de una

pluralidad de personas... Yo esto es la primera vez que lo veo, no

conozco ningún otro precedente, pero me imagino que éste puede ser uno

de los puntos que se van a plantear ante el Tribunal Constitucional.

 

Usted cree que los recursos podrán demostrar que se han vulnerado en

la sentencia derechos fundamentales?

 

La verdad es que sin conocer el proceso por dentro es muy difícil

hacer determinadas valoraciones... Pero por lo que hemos visto... a

mí, por ejemplo, ya he dicho que me sorprende, enormemente, la

calificación jurídica a la que me he referido de asociación ilícita.

Por lo demás, el proceso está cuajado de cosas raras. Puede haber

vulneración de derechos fundamentales como la posible vulneración del

principio de tipicidad.

 

Algunos juristas hablan, en privado, de prevaricación...

 

Creo que a los jueces no se les ha debido presionar tanto como se les

ha presionado... Pero estoy convencida de que no se han dejado

presionar, espero y deseo que no se hayan dejado presionar, creo que

han actuado con el criterio que han considerado oportuno. Que las

presiones hayan sido realmente irresistibles? Yo sigo esperando que no

haya sido así... Pero bueno, también pongo de manifiesto, ya lo he

dicho, que me sorprende la dureza de las penas ... Y lo que ya no

entiendo en absoluto es la actuación que ha tenido el Tribunal Supremo

respecto a la no suspensión de la sentencia y ordenando el ingreso de

los condenados en prisión. Es verdad que la ley le permite al tribunal

actuar como lo ha hecho, pero también es cierto que no todo lo que

está ajustado a derecho es lo justo, lo equitativo o lo razonable...

Con la misma ley, se podía haber llegado a un resultado distinto que

hubiera sido más ecuánime y más en consonancia con otros precedentes.

Pero, sobre todo, me parece desmedida la decisión, porque los

condenados han demostrado, claramente, que no tienen la más mínima

intención de evadir la acción de la justicia. Ahora, también es

evidente y manifiesto que el fiscal no se lo ha puesto fácil al

tribunal porque él ha pedido que se ejecute la sentencia. Lo que no

hace sino aumentar las sospechas del origen de las actuaciones en el

ámbito de los procesos relacionados con la política.

 

Está sugiriendo que el fiscal ha pedido la prisión de los condenados

por indicación expresa del Gobierno que preside Aznar?

 

Desde luego, el fiscal ha pedido la prisión de los condenados por

indicación expresa del Gobierno. Podía haber evitado esa petición . Yo

al menos así lo pienso. El presidente del Gobierno ha estado haciendo

una instrumentación política, permanente, del proceso de Filesa, una

instrumentación que culmina con un acto de supremo cinismo con el

anuncio de un indulto, de un perdón que, sin duda, habrá valorado como

un gesto de magnanimidad de claro interés electoral. A mí me parece

verdaderamente repugnante. Y, respetando a quienes se acojan a la

medida de gracia, expreso mi admiración por quienes no pidan el

indulto, como José María Sala. Porque él lo que quiere es justicia y

no perdón.

 

"A la ministra sólo le preocupa el fiscal general"

 

M. A. I., Madrid

María Teresa Fernández de la Vega apuesta por una expeditiva receta

para acabar con el "protagonismo patológico" de los jueces-estrella

que han alcanzado pública notoriedad en los últimos años: "Hay que

plantearse la supresión de la figura del llamado juez de instrucción,

porque su configuración y sus competencias inciden de forma anómala en

el proceso y no garantizan la configuración de un sumario

correctamente instruido".

 

Por qué ese protagonismo de determinados jueces de instrucción?

 

Porque su propia configuración como juez que investiga y el

solapamiento de funciones con los fiscales (aunque teatralmente se

repartan los cometidos) le han atribuido un enorme poder... Ya sólo el

calificativo de juez instructor, a un juez que por esencia juzga y

ejecuta lo juzgado, es tanto como el reconocimiento de un juez

detective o juez policía, cuando su misión es realmente otra, porque

el juez instructor ni juzga ni ejecuta lo juzgado. Pero, a la hora de

la verdad, nos encontramos con la paradoja de un juez formalmente

independiente pero materialmente parcial, es decir, con interés en el

resultado final del proceso debido a la posición que él ocupa.

 

Descrédito

 

Qué juicio le merecen las guerras que enfrentan a jueces y fiscales,

que obligan incluso a la intervención del Consejo y hasta de terceros

jueces en liza?

 

Pues me produce una absoluta repulsa personal y una enorme

preocupación por el descrédito que esas actuaciones provocan en el

ciudadano ... Es un proceso que acaba en la deslegitimación de esos

jueces pero que también salpica a todos los demás . Es verdad que el

Consejo ha intervenido en algunas ocasiones, por ejemplo en el caso de

Gómez de Liaño, pero a veces yo he echado de menos una mayor

contundencia.

 

Ustedes los socialistas son muy críticos con la ausencia de una

política de justicia por parte del Gobierno. Pero los males que

denuncia el Libro Blanco no son de ahora, no?

 

Es verdad que cuando nosotros dejamos el poder todavía quedaban muchas

cosas por hacer . Pero también es cierto que cuando llegamos tuvimos

que abordar problemas estructurales muy graves, incluyendo la

adecuación del propio sistema judicial a las exigencias de la

Constitución. Nunca se podrá decir que nosotros no actuamos, no

tomamos decisiones. Lo malo de la situación actual es que la ministra

de Justicia, que dirige un departamento gris y anodino poblado de

gentes carentes de iniciativa, y de más que dudoso talante democrático

, no ha tomado todavía ni una sola decisión que pueda definir su

actuación fuera de la atonía y de la mediocridad. Lo único que parece

preocuparle es el control del fiscal general del Estado.

 

Pero el PP aboga por su independencia para evitar los excesos de la

etapa socialista. Por qué se oponen a ese planteamiento?

 

Yo creo que el PP dice una cosa y hace otra... Ellos abogan por una

independencia respecto del Gobierno, porque consideran que el poder

ejecutivo es un poder malo, sospechoso, potencialmente al borde del

delito. Pero es una actitud hipócrita. Porque en año y medio de

legislatura, el Gobierno ha nombrado ya a tres fiscales y, bueno, ahí

están sus actuaciones en las que por ejemplo este último fiscal no es

que reciba órdenes del Gobierno, es que está en tal sintonía con él

que se adelanta a sus propias decisiones y deseos. Nosotros creemos

que la independencia del fiscal no se define por un estatuto más o

menos formal, sino en una correcta actuación como ejecutor de la

acción penal, pero controlado por el Ejecutivo. Nosotros no creemos

que la política contamine si se sirve a los intereses generales. Ellos

sí. Ellos sabrán por qué...

 

 

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