No siempre obtiene más...
Article publicat al diari Expansión el divendres dia 13 de maig de 2005
NO SIEMPRE OBTIENE MÁS QUIEN PIDE MÁS
Acabada ya la primera lectura en ponencia, sorprende sobremanera la actitud de Artur Mas por lo que supone de ruptura con respecto al planteamiento político sostenido a lo largo de 23 años de gobierno de CiU en los que no se abordó la reforma del Estatuto, a pesar de haberse comprometido a ello con ERC a cambio de su apoyo a la investidura de Jordi Pujol en 1980. La moderación practicada a lo largo de 23 años se ha tornado en radicalismo maximalista. Se hace evidente para muchos la incomodidad de CiU para colaborar en una reforma estatutaria estando en la oposición. Y por ello Artur Mas parece querer dificultar al máximo la aprobación de un nuevo Estatuto tildando la propuesta de insuficiente o exigiendo la inclusión en él de reivindicaciones que hagan imposible su aprobación por parte de las Cortes Generales.
Este último aspecto se hace particularmente evidente en el tema de la financiación autonómica. En este terreno, CiU reivindica un sistema de concierto y cupo semejante al vigente en el País Vasco y Navarra. Para disimular, en lugar de concierto económico la propuesta de CiU se denomina “acuerdo económico” que debería desarrollarse de forma bilateral a través de una ley paccionada, y en lugar de cupo CiU habla de “cuota de contribución”. Y CiU plantea como exigencia irrenunciable que la Agencia Tributaria de Cataluña sea totalmente independiente de la administración tributaria estatal.
Desde el punto de vista constitucional y en consonancia con lo que se establece en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, es perfectamente factible que la Generalitat recaude a través de su Agencia tributaria todos los impuestos pagados por los ciudadanos y empresas de Cataluña, ya sean los tributos propios de la Generalitat, los tributos total o parcialmente cedidos a ésta por el Estado, así como los demás ingresos tributarios del Estado. Pero, tal como señalan las Sentencias del Tribunal Constitucional 35/1982 y 16/2003, la cesión total o parcial de un tributo no implica la renuncia del Estado a la titularidad de esas figuras impositivas. Por ello el sentido común indica la necesidad de un vínculo estrecho entre la Agencia Tributaria de Cataluña y la administración tributaria estatal, pues ¿cómo iba el Estado a ceder la recaudación de la totalidad de los impuestos a una Agencia en la que no tuviese ningún tipo de presencia o capacidad de intervención? Por otra parte, el establecimiento de un consorcio entre la Agencia Tributaria de Cataluña y la administración tributaria del Estado, sin privar de autonomía a la Agencia catalana, garantizaría el constante flujo de información que permitiría conocer las balanzas fiscales, impedir el fraude y evitar que pudiera producirse un diferente nivel de exigencia fiscal que penalizase a las Comunidades que se tomaran más en serio las obligaciones tributarias.
Como me decía un conocido dirigente sindical: “el buen sindicalista no es el que más reivindica, sino el que más obtiene en la negociación”. En este sentido, la propuesta de financiación de CiU es un magnífico e inconstitucional brindis al sol que sólo puede tener como objetivo el fracaso del Estatuto. ¿Cómo puede justificar Artur Mas su negativa a apoyar la ambiciosa propuesta del Govern que es, ésta sí, plenamente constitucional, que ha suscitado un amplio apoyo en la sociedad catalana y que se enfrenta a importantes resistencias más allá del Ebro?
NO SIEMPRE OBTIENE MÁS QUIEN PIDE MÁS
Acabada ya la primera lectura en ponencia, sorprende sobremanera la actitud de Artur Mas por lo que supone de ruptura con respecto al planteamiento político sostenido a lo largo de 23 años de gobierno de CiU en los que no se abordó la reforma del Estatuto, a pesar de haberse comprometido a ello con ERC a cambio de su apoyo a la investidura de Jordi Pujol en 1980. La moderación practicada a lo largo de 23 años se ha tornado en radicalismo maximalista. Se hace evidente para muchos la incomodidad de CiU para colaborar en una reforma estatutaria estando en la oposición. Y por ello Artur Mas parece querer dificultar al máximo la aprobación de un nuevo Estatuto tildando la propuesta de insuficiente o exigiendo la inclusión en él de reivindicaciones que hagan imposible su aprobación por parte de las Cortes Generales.
Este último aspecto se hace particularmente evidente en el tema de la financiación autonómica. En este terreno, CiU reivindica un sistema de concierto y cupo semejante al vigente en el País Vasco y Navarra. Para disimular, en lugar de concierto económico la propuesta de CiU se denomina “acuerdo económico” que debería desarrollarse de forma bilateral a través de una ley paccionada, y en lugar de cupo CiU habla de “cuota de contribución”. Y CiU plantea como exigencia irrenunciable que la Agencia Tributaria de Cataluña sea totalmente independiente de la administración tributaria estatal.
Desde el punto de vista constitucional y en consonancia con lo que se establece en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, es perfectamente factible que la Generalitat recaude a través de su Agencia tributaria todos los impuestos pagados por los ciudadanos y empresas de Cataluña, ya sean los tributos propios de la Generalitat, los tributos total o parcialmente cedidos a ésta por el Estado, así como los demás ingresos tributarios del Estado. Pero, tal como señalan las Sentencias del Tribunal Constitucional 35/1982 y 16/2003, la cesión total o parcial de un tributo no implica la renuncia del Estado a la titularidad de esas figuras impositivas. Por ello el sentido común indica la necesidad de un vínculo estrecho entre la Agencia Tributaria de Cataluña y la administración tributaria estatal, pues ¿cómo iba el Estado a ceder la recaudación de la totalidad de los impuestos a una Agencia en la que no tuviese ningún tipo de presencia o capacidad de intervención? Por otra parte, el establecimiento de un consorcio entre la Agencia Tributaria de Cataluña y la administración tributaria del Estado, sin privar de autonomía a la Agencia catalana, garantizaría el constante flujo de información que permitiría conocer las balanzas fiscales, impedir el fraude y evitar que pudiera producirse un diferente nivel de exigencia fiscal que penalizase a las Comunidades que se tomaran más en serio las obligaciones tributarias.
Como me decía un conocido dirigente sindical: “el buen sindicalista no es el que más reivindica, sino el que más obtiene en la negociación”. En este sentido, la propuesta de financiación de CiU es un magnífico e inconstitucional brindis al sol que sólo puede tener como objetivo el fracaso del Estatuto. ¿Cómo puede justificar Artur Mas su negativa a apoyar la ambiciosa propuesta del Govern que es, ésta sí, plenamente constitucional, que ha suscitado un amplio apoyo en la sociedad catalana y que se enfrenta a importantes resistencias más allá del Ebro?
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